Constante monitoreo con presencia de funcionarios en el terreno y la activación de una sala de crisis en el nivel central, adelanta la Defensoría del Pueblo a propósito del paro agrario y los movimientos de protesta social que actualmente se registran en el país.

Las expresiones de inconformidad traducidas en concentraciones masivas, marchas y taponamientos tanto ocasionales como permanentes, han provocado afectaciones en 45 municipios de 24 departamentos.

Las consecuencias tienen que ver con restricciones a la movilidad, suspensión temporal de actividades académicas, comerciales y de transporte, situaciones que se han hecho evidentes en ciertos sectores de Cauca, Huila, Chocó, Meta y Córdoba, entre otros.

El diagnóstico de la Defensoría a través de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la cual encabeza el dispositivo del que forman parte dos Direcciones más, tres Delegadas y 36 Regionales en el país, indica que son 30.985 los manifestantes vinculados a los movimientos de protesta vigentes.

La Defensoría del Pueblo registra 14 puntos de bloqueo en seis departamentos, incluyendo Cauca, Nariño, Chocó, Caldas, Tolima y Risaralda, así como otros 11 que fueron levantados como resultado de la intervención de la Fuerza Pública.

Precisamente, la acción de las autoridades para garantizar el derecho a la movilidad de quienes no hacen parte de la protesta, ha derivado en cuatro episodios puntuales de enfrentamiento a manera de disturbio, con saldo de 21 civiles y 7 miembros de la Fuerza Pública heridos, a los cuales se sumarían 36 lesionados más que están siendo verificados por la Defensoría y corresponderían a hechos de las últimas horas en Hobo, Huila.

Desde que comenzó el paro agrario el pasado fin de semana, la Defensoría del Pueblo ha participado en 74 reuniones distintas con Gobierno, autoridades y líderes sociales, a la vez que ha concurrido a 22 procesos de mediación con el propósito de proteger derechos fundamentales eventualmente vulnerados en medio de las manifestaciones.

La Defensoría valora los esfuerzos del Gobierno Nacional para atender las necesidades de las comunidades campesinas e indígenas en el país y confía en que la presencia y gestión del Gabinete Ministerial en los territorios permita agilizar el cumplimiento de los compromisos, pues los avances hasta ahora logrados no son suficientes para satisfacer la demanda de los sectores sociales ni honrar plenamente lo pactado con anterioridad